Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es la eliminación del depósito adicional para el pago a intermediarios o corredores al momento de rentar una vivienda. Esta medida, incluida en el artículo 12 del proyecto, ha sido propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Esta disposición implica que la responsabilidad de pagar una comisión inmobiliaria recae en el propietario o su representante legal, siempre que hayan contratado la gestión del corretaje. Este cambio es un paso importante para simplificar y transparentar el proceso de alquiler, eliminando costos adicionales que a menudo recaían sobre los inquilinos.
El diputado Eugenio Cedeño, quien lidera la comisión encargada de revisar el proyecto, considera que este nuevo enfoque será beneficioso para ambas partes, ya que se espera que sea más ágil y garantice los derechos de todos los involucrados. Sin embargo, no todos están convencidos de que el proyecto es la solución definitiva. El abogado Juan Arturo Recio, con experiencia en litigios relacionados con alquileres, ha expresado su preocupación acerca de la claridad en la discusión del proyecto.
Recio señala que se ha vendido la idea de que los propietarios podrán sacar a un inquilino después de dos meses de impago, pero en realidad, este plazo marca el momento en el que se puede solicitar al tribunal especial, que se plantea crear con el proyecto, la autorización de fuerza pública para el desalojo. Además, se impondría un proceso de conciliación en el camino, lo que podría prolongar aún más la resolución de conflictos.
Otro punto de controversia es la eliminación de garantías procesales básicas, como el registro del contrato y el depósito del dinero en el Banco Agrícola. Estos elementos, que antes proporcionaban cierta seguridad tanto a propietarios como a inquilinos, están siendo cuestionados en el marco de este nuevo proyecto.
El proyecto de ley también aborda la cuestión de la discriminación en los alquileres, especificando que no se pueden utilizar la etnia, credo, condición social u otras formas de discriminación como condiciones para arrendar una vivienda. No obstante, el jurista Juan Arturo Recio plantea la dificultad de probar estas alegaciones en los tribunales sin bases jurídicas sólidas.
En resumen, el proyecto de ley de alquileres en República Dominicana busca modernizar y equilibrar las relaciones entre propietarios e inquilinos, eliminando prácticas desfavorables. Sin embargo, la falta de claridad en algunos puntos y las preocupaciones planteadas por expertos en el campo legal subrayan la necesidad de una discusión más profunda y detallada antes de su aprobación. La búsqueda de un equilibrio justo entre los intereses de todas las partes involucradas en los alquileres sigue siendo un desafío fundamental que debe abordarse cuidadosamente en el proceso legislativo.
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